La crisis provocada por la pandemia mundial del COVID-19 sacó del ciclo noticioso boricua un informe preparado por el Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (DHS-OIG, por sus siglas en inglés), respecto al desempeño del Departamento de Educación de Puerto Rico con los fondos de recuperación por el Huracán María.
El informe detalla la incapacidad del Departamento del Educación en administrar y completar las peticiones de fondos a FEMA en relación con unos $ 322 millones otorgados después del huracán María en el 2017, destinados a sus esfuerzos de recuperación.
El DHS-OIG concluyó que Educación no tuvo la "experiencia adecuada para completar su trabajo de emergencia y presentar solicitudes oportunas de reembolso, y necesita asistencia técnica y monitoreo adicional para garantizar el cumplimiento con las regulaciones federales relacionadas al proceso de adquisiciones .”
El informe añade que "el intento [de educación] de implementar sus proyectos sin el conocimiento ni la experiencia en los requisitos de FEMA y sin experiencia demostrada en la planificación de grandes proyectos de recuperación ante desastres, resultó en desafíos y demoras.”
Pero lo más preocupante es la conclusión del OIG de que “la escasez de personal conocedor de los requisitos de FEMA para contabilizar los costos contribuyó a retrasos en ... la presentación de solicitudes de reembolso.” Añadió de que "esto ocurrió porque [Educación] decidió utilizar el personal existente en lugar de adquirir experiencia externa para administrar sus proyectos."
Aunque los resultados de la auditoría no nos sorprendan, lo que debe asustarnos es la incompetencia del personal de Educación en administrar fondos federales, hecho que se repite en otras agencias. No atender el problema supone que nunca saquemos adelante muchos proyectos para los cuales se destina tanta cantidad de dinero y las autoridades locales se comprometieron con utilizar adecuadamente.
Es imperativo capacitar y desarrollar empleados y directivos en la administración de subvenciones federales. Ser competente en el complicado entramado de la administración de fondos federales se alcanza en el entorno del trabajo y toma muchos años dominarlo. Requiere de educación continua, ya que las regulaciones son cambiantes y complicadas.
Las agencias y municipios no pueden depender exclusivamente de empresas externas pagando contratos multimillonarios. La corporación que está próxima a convertirse en “síndico” de Departamento de Educación no va a resolver el problema medular de la agencia si no atiende el tema de las competencias del personal.
El funcionario público y el jefe de la agencia no puede depender de una relación parasítica con un ente externo, para eludir su responsabilidad ante el gobierno federal. El empleado gubernamental es quien representa formalmente a la agencia y quien acepta la política pública contenida en las condiciones de la subvención; y recibe el peso de las consecuencias.
Nuestra responsabilidad como consultores externos es asistir, aconsejar, adiestrar y transferir conocimiento a nuestros clientes, pero sobre todo imprimir la importancia de tener un cuidado razonable.
En esta coyuntura, es lo que nuestro país necesita.
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